NOVEDAD EDITORIAL - BOMBERO DE AEROPUERTO - EDITORIAL MAD

A continuación te ofrecemos las principales novedades que introducen las Leyes 39/2015 y 40/2015, vigentes desde el 2 de octubre de 2016, y que derogan, entre otras, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Si deseas conocer más sobre estos cambios, te recomendamos nuestro manual Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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NOVEDADES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

  • La implantación definitiva de la Administración electrónica, tanto en el curso del procedimiento administrativo como en las relaciones de los ciudadanos con la Administración.
  • Incluye en el objeto de la Ley, con carácter básico, los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones.
  • El incremento de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.
  • Impone la obligación de todas las Administraciones a divulgar un Plan Anual Normativo y la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor.
  • Obliga a todas las Administraciones Públicas a contar con un registro electrónico general o a adherirse al de la Administración General del Estado.
  • Obliga a cada Administración Pública a mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados y a contar con un registro electrónico de apoderamientos.
  • Incluye el apoderamiento electrónico entre los medios para acreditar la representación en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  • La separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra.
  • La creación de un registro de funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas.
  • La capacidad de obrar se extiende por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.
  • En materia de notificaciones:
    • Serán preferentes las notificaciones electrónicas.
    • Se establecen nuevas medidas que garanticen al interesado el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones (con el envío de avisos de notificación a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado), así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.
    • Modifica el modo de efectuarse el segundo intento de notificación y el margen de diferencia entre esta y la primera.
  • Integra, como especialidades del Procedimiento Administrativo Común, los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial de la Administración.
  • Establece la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, cuyo plazo máximo de resolución será de treinta días.
  • La desestimación por silencio administrativo deja abierta la vía de los recursos tanto administrativos como contencioso-administrativos sin plazo o fecha determinados.
  • La supresión de las reclamaciones previas a la vía civil y laboral.

Nota. La Ley 39/2015 establece algunas materias para las que se ha dispuesto un periodo más largo, pues las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre de 2018.


NOVEDADES DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DEL SECTOR PÚBLICO

  • Abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo y, por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado.
  • Establece la regulación del funcionamiento electrónico del Sector Público, asumiendo la contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas.
  • Establece una minuciosa regulación de los Convenios que celebren las Administraciones Públicas.
  • Crea el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
  • Realiza una nueva clasificación del sector público institucional, que incluye:
    • Organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales).
    • Autoridades administrativas independientes.
    • Sociedades mercantiles estatales.
    • Consorcios.
    • Fundaciones del sector público.
    • Fondos sin personalidad jurídica.
  • En materia de relaciones interadministrativas, se distingue entre:
  • Las obligatorias (como la coordinación).
  • Las voluntarias (como la cooperación), dentro de cuyo esquema instaura la Conferencia de Presidentes.

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